
Escrito por. Roselia Núñez
El miércoles 5 de julio de 2006, parecía un día normal como cualquier otro, “con libertad para expresarse” en contra de la violencia y las políticas del Estado.
En El Salvador, desde el 10 de junio de este año, hubo nuevos incrementos a la energía eléctrica y a partir del 1 de julio al transporte público.
El estudiantado también protestaban por la explotación minera en el país, el estancamiento al salario mínimo, el encarecimiento de la canasta básica y el posible aumento a otros servicios como el agua.
Además, solicitaban la implementación del medio pasaje para estudiantes de secundaria y pedían investigación y justicia por la muerte de Nelson Edgardo Franco Manzano de 19 años, asesinado el 4 de julio al interior de un bus de la ruta 30-B, sobre el bulevar Universitario y la avenida Izalco de la colonia San Luis en San Salvador.
Franco Manzano quien estudiaba último año de contaduría en el Instituto Nacional Albert Camus (INAC), murió de cuatro balazos que le hizo un hombre que se subió y lo asesinó a quemarropa, según testigos.
Bajo ese contexto, el día miércoles 5 de julio, jóvenes de secundaria organizados en el Movimiento de Estudiantes Revolucionarios Salvadoreños (MERS), salieron a las calles para protestar y hacerse escuchar ante el gobierno.
Estudiantes del Albert Camus y del Instituto Nacional Francisco Menéndez (INFRAMEN), marcharon sin ningún problema desde el INFRAMEN hasta la 25 avenida norte o mártires del 30 de julio, frente a la UES, donde fueron recibidos por cordones policiales, así como por agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), quienes se encontraban en los alrededores de la universidad, desde las siete de la mañana de ese día.
Llegaron a las 8:30 de la mañana
La manifestación de jóvenes del MERS comenzó a llegar a las cercanías del hospital Bloom y la UES aproximadamente a las 8:30 de la mañana.
Dos horas más tarde y de acuerdo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la PNC por medio de la UMO detuvo a 2 estudiantes de secundaria, sin justificación alguna y con lujo de violencia.
Cuando los otros estudiantes vieron que sus compañeros eran agredidos comenzaron a responder con piedras el ataque. La policía disparó contra los estudiantes balas, granadas y gas pimienta, agrega la Procuraduría.
Los disparos, dejaron como resultado dos policías muertos y nueve heridos, 23 supuestos manifestantes capturados y un trabajador de la Universidad herido en el hombro derecho.
Al momento de los hechos, el trabajador se encontraba en el salón del Consejo Superior Universitario, justamente en la segunda planta del edificio de Rectoría, en una reunión con el sector administrativo de la universidad, dice el Ingeniero Orlando Machuca, Rector en funciones de la Universidad.
Algunas personas de la comunidad universitaria presumen que el disparo podría haber llegado desde el helicóptero que sobrevolaba el Campus en ese momento, o desde la azotea del Hospital Bloom, donde algunas personas aseguran haber visto franco tiradores.
“Están allí (los policías) desde hace tres horas… eso es totalmente imperdonable, han violado la autoridad del hospital”, manifestó una trabajadora. Otro trabajador del Bloom, que no quiso identificarse, expresó su molestia ante la presencia de los policías en el nosocomio.
“Estamos pidiendo que se retiren los policías del hospital, este lugar es para atender a los niños enfermos, no para tener policías…esto no es un cuartel”, dijo molesto.El empleado cuestionó la autoridad del director, debido a la presencia de franco tiradores, los cuales se encontraban en la parte alta del edificio. “Este acto muestra que la autoridad del director no tiene peso”, señaló.
Por su parte, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, manifestó que la presencia policial en el hospital viola “lo sagrado que es un hospital” y que se parece mucho a lo ocurrido hace meses en el hospital Rosales.
“Es un hecho gravísimo, comprendo que ha habido muertos frente al hospital, pero eso no justifica que la policía tome como posición estratégica ese lugar”, puntualizó De Carrillo”. (Fuente: Diario Colatino del 6 de julio de 2006).
"Universitarios sospechosos"
Como si cada uno de los miembros de la comunidad universitaria fuera culpable de lo sucedido en las afueras del Campus, éste que comenzó a ser desocupado desde las 11:30 de la mañana, fue objeto de un desalojo lento debido a los minuciosos registros del cual eran objeto los estudiantes, trabajadores y docentes de la UES.
Todo el personal universitario era sospechoso del asesinato a los dos policías en las afueras del Campus, por lo que eran revisados minuciosamente por miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP), al estilo guardias de los años 80 en busca de armas o evidencias que implicara a los miembros de la comunidad universitaria, así, eran revisados los bolsillos de los pantalones de los estudiantes, los bolsones, las carteras, así como los carros de los trabajadores.
Algunos representantes estudiantiles de la Universidad se desvincularon de los desórdenes y atribuyeron las muertes de los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden UMO, a personas infiltradas en la manifestación.
Mientras tanto, los alrededores de la universidad se mantenían vigilados por agentes policiales y se mantuvieron ahí hasta el domingo 9 de julio. En los cuatro días, la comunidad universitaria no tuvo acceso al Campus, no así la policía que como dueños de la misma abrían y cerraban los portones de Derecho a quien ellos consideraban “dignos” de poder ingresar.
Algunas representanciones estudiantiles, se manifestaron en contra de la militarización del campus porque consideran “violenta la autonomía y los acuerdos de paz”. “Los universitarios aseguran que denunciarán la militarización del Campus a nivel e internacional y difundirán el retroceso democrático que se está registrando en el país.
Según dicen, “los acuerdo de paz han sido violados en todo aspecto, nos están reprimiendo como si fuéramos delincuentes... aquí hay simples estudiantes, no somos criminales ni delincuentes, pero nos están obligando a tomar acciones, pero estas serán legales”, dijeron.
Líderes de la UES responsabilizaron al gobierno del estallido social que pueda generarse, ya que manifestaron será una respuesta a la opresión y a las políticas neoliberalistas”. (Parte de declaraciones hechas al Diario Co Latino del 5 de julio de 2006).
Las instalaciones de la Universidad, fueron entregadas oficialmente el 10 de julio, por lo que las actividades en el Campus comenzaron a desarrollarse hasta el martes 11 de julio de 2006. Esta actividad ha sido considerada por los miembros de la comunidad universitaria, como una violación a la autonomía.
De acuerdo al Doctor Antonio Martínez Uribe, polítólogo y docente de Relaciones Internacionales y de la Maestría en Derechos Humanos de la UES, la Autonomía de la universidad, se viola desde el momento que la policía “empieza a dar muestras de fuerza en los alrededores de la Universidad, en el momento que los helicópteros empiezan a sobrevolar el campus y también en el momento que vimos pasar a los aviones militares, como cuatro o cinco, de lo cual nadie dice nada ahora”.
Para él, el país no ha avanzado en materia de respeto hacia instituciones como la UES, es una tristeza, dice “qué barbaridad, no hemos avanzado porque esa autonomía de la universidad debería tener mayor fortaleza y ser sujeto de respeto. Lo preocupante es que si ya lo hicieron una vez, como Saca ha hablado del rescate de la UES pudieran repetirse este tipo de actos”.

El Licenciado Uribe considera, que el respeto de la autonomía, es una reivindicación histórica de autoridades, docentes y estudiantes.
“No queremos policías dentro de la Universidad y mucho menos militares, porque esa es la expresión más grave de la violación de la autonomía”, dice.
La Universidad ha sido violentada en su autonomía en años anteriores: por ejemplo en 1960 el gobierno de José María Lemus intervino la Universidad y golpeó al Rector José Napoleón Rodríguez Ruiz.
En 1972 fue intervenida militarmente por el Coronel Arturo Armando Molina y entregada en 1973.
Luego fue cerrada por la Junta de Gobierno dirigida por el Ingeniero José Napoleón Duarte en 1980 por ser considerada un “santuario de terroristas” y entregada hasta en 1984.
La UES también estuvo cerrada de 1989 por órdenes del presidente arenero Alfredo Cristiani y entregada en 1990.
Qué hacía la policía el 5 de julioFotografías e imágenes de los medios de comunicación, muestran que la policía y la Fiscalía General de la República entraron violentamente a la UES la noche del miércoles 5, “en busca de armas o evidencias que ayudaran a dar con los responsables de los hechos de ese día por la mañana”.
En esa búsqueda sin sentido, la noche que la policía ingresó (10:00 p.m), estos rompieron algunas puertas de las Facultades de Derecho e Ingeniería, (que después repararon).
Fueron cuatro días en los cuales la policía entró a las diferentes unidades de la universidad, los tres días posteriores los policías ingresaron con llaves proporcionadas por los jefes de cada oficina administrativa y académica, como se había acordado con anterioridad.
También hubo cateo en los gremios estudiantiles, como Frente Universitario Roque dalton (FURD), la Brigada Revolucionaria de Estudiantes Salvadoreños (BRES) y la Unidad de Estudiantes Revolucionarios Salvadoreños 30 de Julio (UERS-30) y de los sindicatos de trabajadores como SETUES.
La Rectora de la Universidad, María Isabel Rodríguez, denunció ese hecho porque no se respetó el debido proceso, ya que la Policía se saltó los portones y rompió puertas y cerraduras la noche del miércoles, aún cuando las autoridades universitarias mostraron interés en acompañarlos. De acuerdo al informe de la Fiscalía General de la República en la UES habrían encontrado “armas caseras y propaganda”.
Pero “esos hallazgos no nos constan”, dice la Doctora María Isabel Rodríguez porque “el resto del proceso lo acompañamos y en otras facultades no se encontró nada”, aseguró.
Las dudas se deben a que el hallazgo ocurrió en las Facultades de Derecho e Ingeniería, y se dio sin que autoridades universitarias ni de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estuvieran presentes.
Muestras de solidaridad
En ese contexto, representantes del Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre (MPR-12), Coordinadora Nacional Agropecuaria (CNA), Frente Sindical Salvadoreño (FSS), Foro para la Defensa de la Constitución (FDC), Movimiento Nacional de Vendedores de CD, DVD y otros productos de marca, Alianza Social por el Cambio (ASC), salieron el 6 de julio, a reiterar sus protestas en contra de las políticas del Estado.
“En conferencia de prensa en La Plaza Cívica, culparon al gobierno de lo sucedido el día miércoles 5, debido a que las causas de las protestas son las políticas económicas que está impulsando el gobierno.“Aquí, el único asesino es el gobierno”, fue el señalamiento del grupo que estaba en el mencionado parque y acompañaron a los representantes de estas organizaciones.
“Hemos estado presentando alternativas que defiendan los intereses de las mayorías de nuestro pueblo salvadoreño, sin embargo, lo que hemos observado que este gobierno sólo responde a los intereses de grupos de dinero y no nos toma en cuenta”, apuntó Pedro Juan Hernández, del Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre (MPR-12).
Asimismo, que tampoco se ha podido confirmar de los 30 estudiantes capturados, quienes pertenecen a estos movimientos, porque no tienen los nombres de ellos. Erazo dijo que ayer fue cateada una sede sindical, y se llamó a los medios de comunicación pero no llegó nadie.
Los dirigentes aseguraron que se solidarizan con los estudiantes y otros grupos que se manifestaron ayer (5 de julio), y exigieron además, se suspenda el cerco militar montado en los alrededores del Alma Mater”. (Fuente: Diario Colatino del 6 de julio de 2006).
El frente en un comunicado sobre los hechos, manifestó entre otras cosas su solidaridad con la Universidad de El Salvador y su comunidad universitaria, rechazando además, todo acto o expresión que irrespete la autonomía universitaria “y denigre su papel como alto centro de estudios, ente rector de la enseñanza superior y conciencia crítica de la sociedad salvadoreña. Reconocemos la entereza, ecuanimidad y responsabilidad con que las autoridades de la UES han sabido enfrentar esta difícil situación”.